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Explotación minera o el arte de hacer desaparecer ríos enteros en Colombia

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Petroanalysis Team

Este artículo es escrito originalmente por Jon Restpo.

Colombia es una tierra mágica donde suceden las cosas más increíbles. El Nóbel García Márquez decía que para hacer buena literatura en ese país no había que pedirle mucho a la imaginación. Que solo bastaba con describir la realidad, tal y como era.

Un buen ejemplo de esta magia lo dan las multinacionales mineras aliadas con el Estado colombiano y las élites locales de poder. Entre los tres se roban y hacen desaparecer ríos enteros.

En el año 2016 algunos medios nacionales publicaron las imágenes en las cuales se podía apreciar la desaparición del rio Sambingo, al sur del país. Las autoridades culparon inmediatamente al fenómeno de El Niño por este desastre e indicaron que “se requerirían cerca de 100 mil millones de pesos (Unos 33 millones de dólares), lo que equivale a la construcción de cerca de 3 mil viviendas de interés social y casi 100 años de trabajo ambiental para lograr la reforestación y recuperación de los niveles básicos de habitabilidad”.

Otro tanto sucede en el departamento de la Guajira al norte de Colombia y fronterizo con Venezuela. Allí un periodista realizó un impactante documental que muestra cómo se robaron el rio Ranchería para beneficiar a los terratenientes y a una multinacional que explota carbón en El Cerrejón. Una de las escenas más impactantes del documental es la de una líder wayúu en túnica blanca, observando adolorida una enorme represa que se utiliza para irrigar los cultivos de arroz y palma del sur de la Guajira, y luego abastecer al Cerrejón, la mina de carbón más grande de Colombia. “Aquí está. Aquí está el agua”, dice llorando. Es el clímax en el que se resuelve el misterio.

En coincidencia con la desaparición y contaminación paulatina de las fuentes de agua, tres décadas atrás y hasta nuestros días, se ha desarrollado en la costa norte de Colombia la minería de carbón a cielo abierto, agenciada por la multinacional El Cerrejón. No es un secreto que cualquiera de las explotaciones mineras conlleva, necesariamente, impactos a las aguas y conflictos ambientales por el agua que se expresan en la privatización de las fuentes, por factores como la apropiación de grandes cantidades del líquido para el aprovechamiento minero, y la contaminación producto de la extracción de carbón y la remoción de material “estéril”1 que al ser expuesto a condiciones atmosféricas (agua y aire) reacciona generando sustancias químicas peligrosas que ocasionan la afectación irreversible de las cuencas hídricas.

En la operación minera se controla el consumo de agua. El 93 por ciento de esta agua procede de los mantos de carbón y de la escorrentía de las lluvias, que caen dentro del área minera. Esta agua no es apta para humanos ni animales ni para el riego de los cultivos por su contenido de sales disueltas, y se usa para controlar el polvo que genera el acarreo de los camiones mineros. Apenas 7 por ciento del agua proviene del río Ranchería y es para el consumo de empleados, contratistas y para distribuir a las comunidades vecinas. Adicionalmente, el 96 por ciento del agua empleada en Puerto Bolívar (puerto de exportación de Cerrejón) viene del mar, tratada en una planta desalinizadora.

Desde que llegó el boom minero al país, el Gobierno se dedicó a otorgar títulos mineros, muchos de ellos sobre zonas ya protegidas. En 2001 se habían expedido títulos para 20 mil concesiones de explotación y exploración minera en 22 millones de hectáreas. Ese mismo año se otorgaron 9 mil títulos sin respetar zonas de páramos, reservas naturales productoras de agua, parques naturales ni resguardos indígenas. En muchos casos, los títulos mineros otorgados antes de febrero de 2010, permanecerían vigentes de acuerdo a lo aprobado en el Plan Nacional de Desarrollo del entonces presidente Juan Manuel Santos. Durante su gobierno, Juan Manuel Santos, ha continuado con su llamada “Locomotora Minera” para entregar los recursos naturales y minerales del país a manos extranjeras que afecta el modo de sustento de las comunidades indígenas y campesinas, política que ha sido continuada por su sucesor Iván Duque.

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